La historia detras de lo ocurrido en Ecuador

El malestar con el Ejecutivo venía de 2007 cuando responsabilizó a 400 uniformados por violaciones a los derechos humanos. “Lo que ocurrió no fue una locura de tres o cuatro descolocados. La policía no trabajó en todo el país y Ecuador estuvo sin fuerza pública que velara por la seguridad durante 24 horas”, subrayó Dimitri Barreto, periodista y editor a cargo de la sección Policiales en el diario ecuatoriano El Comercio.

El periodista recordó que, en 2008, el gobierno aprobó una homologación salarial que benefició a policías y militares con aumentos de sueldo de hasta un 600 por ciento. Pero la medida dejó afuera al rango de los suboficiales, efectivos antiguos (con más de 28 años en el servicio) y con mando sobre los subordinados.

Fue el caldo de cultivo para el estallido del jueves. Nadie descarta que los reclamos policiales hayan sido utilizados -e incluso fomentados- por sectores con intereses políticos no develados, pero por ahora lo único comprobable es la disconformidad de la tropa con ciertos artículos de la Ley Orgánica de Servicio Público impulsada por el gobierno en la Asamblea Legislativa.

El oficialismo insistió en que los sublevados estuvieron mal informados sobre la Ley. Argumentó que se quejaron de la eliminación de condecoraciones, cuando en realidad se mantuvieron intactas en el proyecto. Según Barreto, “el gobierno no mintió, pero[fue]  lo suficientemente ambiguo” como para no dar explicaciones sobre los aspectos controvertidos.

El gobierno impulsó, de hecho, un plan de inversión de 300 millones de dólares desde 2007 para modernizar y acelerar el proceso de profesionalización de la policía. Los efectivos fueron dotados con armamento y vehículos de última generación. Se amplió la dotación de efectivos y, con gran aceptación de la población, fueron puestas a punto las unidades antisecuestro y antinarcóticos.

Pero no todo fue luna de miel. Sobre la relación de la policía con los ciudadanos, Barreto apunta que la imagen de la tropa aparece vinculada con fuerza a violaciones de los derechos humanos bajo gobiernos dictatoriales y democráticos. Se los llama despectivamentos los “chapas”. En 2007, esa percepción se reafirmó con las investigaciones que la Comisión de la Verdad creada por Correa inició a miembros de la policía.

Más de 400 integrantes de las fuerzas de seguridad fueron responsabilizados por ejecuciones extrajudiciales, torturas, secuestros y asesinatos. Unos pocos años más tarde, los fantasmas de la represión vuelven a la cabeza de los ciudadanos. En la perspectiva de Barreto, Correa ayudó poco desabrochándose la camisa y gritando “mátenme, cobardes” ante centenares de policías armados y amotinados.

En cualquier caso, una fisura quedó expuesta en el seno de la policía ecuatoriana. Rolando Panchana, vicepresidente oficialista de la Asamblea Legislativa, reconoció a este medio que la cúpula policial “perdió el mando” de la tropa en todo el país. Ciertamente, el ya renunciado comandante Freddy Martínez fue el primero en llegar al regimiento sublevado, pero sus subordinados lo echaron a los gritos.

Pidieron el cambio de una cúpula que siempre se mantuvo fiel a Correa, al menos públicamente. “Su pérdida de liderazgo fue penosa”, se lamentó Barreto. Florencio Ruiz, número dos de la policía, asumió el cargo y en primer lugar ordenó retomar las actividades normales a los efectivos. Todavía no pasó ni un día del levantamiento que hizo tambalear al gobierno, y las patrullas ya recorren forzadamente las calles de Quito.