Lunes, 25 de Noviembre del 2024
La política de inmigración del presidente francés, Nicolas Sarkozy, se ha llevado una reprimenda hoy en Ginebra, donde se celebra la decimoquinta sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La alta comisionada Navi Pillay ha expresado su preocupación por las expulsiones de gitanos llevadas a cabo por París en las últimas semanas. Pillay ha señalado las nuevas políticas de Francia hacia los gitanos, “incluido el desmantelamiento de sus asentamientos y las deportaciones colectivas hacia su país de origen. Esto sólo puede exacerbar el estigma de los romanís y la extrema pobreza en que viven”, ha dicho.
Francia se ha apresurado a asegurar que las medidas adoptadas “se inscriben estrictamente en el respeto a las leyes francesas y de la legislción europea”. “Las autoridades francesas nunca han estigmatizado a personas pertenecentes a una minoría en función de su origen. No hay un ‘problema romaní’, sino unos ciudadanos europeos más desfavorecidos que otros, que tienen dificultades de inserción y que merecen una atención particular”, ha afirmado el embajador francés ante la ONU, Jean-Baptiste Mattéi.
La política de expulsión de gitanos de Francia ya había recibido una dura reprimenda en elParlamento Europeo hace sólo unos días.
La comisionada también ha destacado como preocupante “la situación de los emigrantes que salen de México o transitan por México”, a la luz de la matanza de 72 de ellos aparentemente por el crimen organizado. Aunque ha reconocido que “el Gobierno de México ha hecho fuertes esfuerzos para acabar con el creciente clima de violencia”, le instó a “llevar a cabo una investigación profunda, transparente e independiente de estos crímenes”.
Y un tercer motivo de preocupación que ha destacado Pillay fue la práctica de EEUU de autorizar “asesinatos selectivos de sospechosos de terrorismo en circunstancias que desafían las normas internacionales establecidas para proteger el derecho a la vida y el imperio de la ley”.
Pillay se refería a la autorización dada a la CIA para ejecutar de forma extrajudicial a ciudadanos estadounidenses fuera de zonas de conflicto, una práctica de la Administración Bush asumida por el Gobierno de Barack Obama.
