Viernes, 22 de Noviembre del 2024
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presentará esta tarde en un acto en la Casa Rosada (de Gobierno) un informe que no sólo refuerza la ofensiva de su Gobierno contra el mayor periódico y grupo de medios de su país, Clarín, sino también ataca al segundo diario de mayores ventas de este país, La Nación. La prensa argentina prevé que el documento de 400 páginas denuncie que supuestamente los antiguos dueños del único fabricante local de papel de periódicos, Papel Prensa, se vieron forzados, bajo las torturas del régimen militar (1976-1983), a vender la empresa a Clarín (49% de la papelera) y La Nación (22%). Ambos periódicos han publicado hoy un comunicado conjunto en el que rechazan esa acusación bajo el título: “Una historia inventada para quedarse con Papel Prensa”. La mayoría de la oposición argentina criticó la embestida del Gobierno peronista, mientras que otras fracciones pidieron explicaciones a los dos periódicos.
“Los accionistas privados [de Papel Prensa, cuyo 27% pertenece al Estado], venimos denunciando desde hace casi un año un plan del gobierno nacional para apoderarse de la compañía y controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre”, comienza el comunicado de Clarín y La Nación. Ambos periódicos atacan al controvertido secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, comisionado por el Estado ante Papel Prensa: “Viene distorsionando con alevosía hechos históricos, manipulando dolorosamente personas y situaciones, reclutando aliados de sugestiva plasticidad y reescribiendo la historia, bastardeando así la bandera de los derechos humanos”. Aseguran que “la compraventa se llevó a cabo el 2 de noviembre de 1976”, mientras que “en ese momento no había salido a la luz la conexión del grupo Graiver [la familia entonces propietaria de Papel Prensa] con la organización armada Montoneros [guerrilla peronista], vínculo que en marzo y abril de 1977 desencadenó el repudiable secuestro de varios miembros ese grupo por la dictadura militar”, según lo declararon las propias víctimas “en democracia”, a partir de 1983, ante el juez y un tribunal de segunda instancia.
