Jueves, 28 de Marzo del 2024
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La Iglesia Católica encubrió a sacerdote responsable de abusar sexualmente de 200 niños sordos

Publicado el 26/03/10

Antes de que fuera Papa, el cardenal Joseph Ratzinger y las máximas autoridades del Vaticano encubrieron el acto de pederastia a unos 200 menores sordos por parte de un sacerdote estadounidense, según reveló el diario New York Times.

Lawrence C. Murphy trabajó durante más de 20 años, entre 1950 y 1974 en una escuela para niños sordos de Winsconsin. El arzobispo de Milwakee, Rembert G. Weakland, denunció los abusos de Murphy al cardenal Ratzinger, entonces director de la Congregación para la Doctrina de la Fe y encargado de evaluar y analizar estos temas. Weakland envió dos cartas en 1996 informando los actos, pero no obtuvo respuesta alguna.

La correspondencia interna entre los obispos de Winsconsin y el cardenal demuestran que era de suma prioridad proteger a la Iglesia Católica de cualquier tipo de escándalo, mientras que los clérigos responsables discutían sobre la expulsión de Murphy.

Pasaron los meses y se intentó realizar un juicio canónigo secreto para determinar la expulsión del cura. Sin embargo, esto nunca se dio a cabo debido a que Murphy le escribió una carta personal a Ratzinger admitiendo su arrepentimiento y que se encontraba muy enfermo. “Solo quiero vivir el tiempo que me queda en la dignidad de mi sacerdocio”, afirmó.

Murphy murió siendo sacerdote en 1998 y nunca fue juzgado o sancionado ni por la Iglesia Católica, ni tampoco por la Policía. Según las investigaciones del New York Times, los fiscales no hicieron caso a las denuncias que hicieron los abogados Jeff Anderson and Mike Finnegan, defensores de cinco hombres que demandaron a la Archidiócesis de Milwaukee por estos actos.

La pasividad del Vaticano con respecto a estos casos no es inusual. Solo el 20% de los tres mil sacerdotes acusados fueron a la oficina doctrinal de la Iglesia entre 2001 y 2010 recibieron un juicio completo.

De estos solo el 10% fueron expulsados inmediatamente, otro 10% renunció voluntariamente, y el 60% enfrentaron otras “medidas disciplinarias y administrativas” como por ejemplo la prohibición de celebrar la Santa Misa.



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