El gobierno de Haití situó la cifra de muertos en el terremoto del 12 de enero por encima de los 200 mil y reconoció su incapacidad para manejar la situación.
El primer ministro de Haití, Jean Max Bellerrive, dio hoy el último balance de muertos, que no incluye los cadáveres que aún permanecen bajo los escombros ni las víctimas enterradas por sus familiares, en una sesión del Senado en la que el Gobierno nuevamente reconoció sus límites.
“El Gobierno, tal como está constituido ahora, no puede aportar resultados frente a esta situación”, dijo el jefe del Ejecutivo, al mencionar entre las alternativas la de formar un Ejecutivo de crisis o crear un Comité Nacional de Crisis.
Bellerive responsabilizó de la frustración de la población y del Gobierno a la falta de coordinación en la entrega de ayuda y reconoció “discusiones extremadamente difíciles” entre el Gobierno, los proveedores de fondos y las organizaciones no gubernamentales.
Prácticamente cada calle y esquina de la capital del país corrobora las palabras de Bellerive, con una colección de derrumbes y refugios de todas las formas posibles e imposibles, fácilmente apreciables en los frecuentes atascos de tráfico, una de las pocas cosas que parecen funcionar con normalidad en la ciudad.
No lejos del Senado, en el campamento de refugiados del Estadio Nacional, los reproches al Gobierno salen constantemente de las bocas de unos pocos miles de moradores que hoy recibieron la visita de todo tipo de médicos y de Unicef.
Con retraso y desorganización como todo lo que ocurre estos días en Puerto Príncipe, un grupo de enfermeras cubanas comenzó a vacunar contra el sarampión, la difteria y el tétanos a los niños que permanecen en el campamento como parte de una campaña con la que se aspira llegar a medio millón de niños.
“Tratamos de ayudar un poco en medio de todo lo que está sucediendo”, dijo a Efe el representante de Unicef en Haití, Guido Cornale.
de la agencia Kent Page indicó que “la cifra de medio millón es un número simbólico” para expresar el objetivo de vacunar a la gran mayoría de los niños afectados por el terremoto.
A escasos metros, un grupo de médicos filipinos pasaba consulta para determinar si alguno de los pacientes con erupciones cutáneas, dolores de cabeza o síntomas de deshidratación que viven en el lugar merecían ser llevados al hospital General, situado a unas pocas calles del lugar.
Otro grupo de pediatras de una organización no gubernamental internacional volvía a pasar consulta en el lugar ante la mirada frustrada del médico haitiano Bouzi Moise.
“Nosotros ayudamos con todo, ayudamos en el campamento pero el Gobierno no nos da nada, no tenemos nada para ayudar”, dijo Moise, un ginecólogo que atiende cada día y prácticamente sin medios a los refugiados, y que se incorpora a las tareas de sus colegas internacionales cuando es requerido.
Mientras, organizaciones no gubernamentales como Oxfam continúan con su trabajo y hoy lanzaron un nuevo programa para remunerar en varios campos a refugiados por trabajos como limpieza y desescombro.
Aunque el valor del salario es escaso, alrededor de cinco dólares, el portavoz de Oxfam Iván Muñoz explicó a Efe que es una forma de hacer llegar la ayuda de otra forma, a través de una remuneración que permita a la gente adquirir sus propios suministros.
“El problema no es la comida, comida hay en la calle, lo que no hay es dinero, entonces se les paga esto para que puedan comprar y se pueda animar la economía un poquito”, explicó.
Por otra parte, la organización no gubernamental Aldeas Infantiles indicó hoy que ha identificado a una docena de familiares de 33 niños supuestamente secuestrados por una decena de estadounidenses que están detenidos desde el pasado sábado.
El director del proyecto de emergencia de Aldeas Infantiles en Haití, Edgar Orantes, indicó a Efe que los niños se encuentran bien y que la mayoría de los familiares alega que los entregó a los estadounidenses por las promesas de un pastor religioso que les ofreció un mejor futuro para los niños tras el terremoto.
Agregó que se está investigando junto a las autoridades del Instituto de Desarrollo Social para determinar la existencia de los familiares y la forma en que puedan ser devueltos a sus parientes. EFE