Martes, 16 de Abril del 2024 
“Nuestros ciudadanos no aceptarán el uso repetido de dinero de los contribuyentes para salvar las instituciones financieras que han actuado irresponsablemente”. Con estas palabras el nuevo presidente de la UE, el primer ministro sueco Fredrik Reinfeldt, ha querido fijar un punto final a la concesión generalizada de créditos para salvar bancos y ha llamado a una “rápida reducción de los déficit públicos en la Unión”. Reinfeldt ha presentado hoy las prioridades de la presidencia sueca ante el Parlamento Europeo en un clima de gran preocupación por la profundidad de la crisis financiera, aumento desbocado del paro y serias incertidumbres sobre el futuro institucional de la Unión. “De momento”, ha dicho el líder sueco “voy a esperar al resultado del referéndum de Irlanda sobre el Tratado de Lisboa, pero es muy importante que José Manuel Barroso tenga cuanto antes un mandato claro”, al frente de la Comisión Europea.
Las prioridades para Suecia se centrarán en la toma de medidas para salir de la crisis financiera y económica y lograr un acuerdo sobre cambio climático en diciembre en la cumbre de Copenhague. El mensaje del conservador Reinfeldt es que “hay que tomar medidas para salir cuanto antes de la crisis”. Así ha expresado su preocupación por el disparo de la deuda que “excederá el próximo año el 80% del PIB de la UE” y ha advertido que “no podemos cerrar los ojos y fingir que esto no es un problema”.
“Basta de que los beneficios sean privados y las pérdidas públicas”
El primer ministro sueco “quiere que Europa asuma sus responsabilidades en materia económica” y poner fin a la situación de que “los beneficios son privados y las pérdidas públicas”. La realidad es que hasta ahora los bancos europeos ya se han tragado en dinero efectivo 165.000 millones de dinero de los contribuyentes y han comprometido otros 120.000 millones más, según la Comisión. Diversas fuentes indican que la banca europea precisa todavía otros 100.000 millones de capital para el saneamiento necesario que permita su funcionamiento normal.
Además del dinero efectivo, el total de fondos movilizados en forma de garantías, créditos y concesión de liquidez en la UE ascienden a 1,8 billones de euros. En este contexto, cobra sentido el temor de Reinfeldt de caer en “déficit crónico”. El presidente de la Unión abogó por “establecer rápidamente un sistema de supervisión financiera para evitar que esta crisis se reproduzca en el futuro”.
Aunque el mensaje de la presidencia sueca se centra en restablecer las cuentas públicas, Reinfeldt ha expresado también su propósito de asegurar la dimensión social de la Unión, porque “es insostenible que tres de cada 10 europeos en edad de trabajar estén fuera del mercado laboral”. Varios diputados han considerado insuficientes y contradictorias las medidas adoptadas por la Comisión. El presidente del grupo socialista, Martin Schulz, ha reclamado “un mayor acento social”, y mayor atención al empleo por parte de la Unión y de la Comisión. El líder de los liberales, Guy Verhofstadt, ha planteado la necesidad de “lanzar un nuevo Plan de Recuperación Económica en lugar de 27 planes nacionales distintos”.
Junto a los desafíos de la crisis financiera, las dudas sobre el futuro institucional de la UE han cobrado fuerza tras las manifestaciones del presidente del grupo del PPE, Joseph Daul, quien señaló las dificultades para que entre en vigor el Tratado de Lisboa, pendiente del referéndum de Irlanda del 2 de octubre y de su ratificación por Alemania, República Checa y Polonia. Los problemas de calendario se complican. Si el nuevo tratado no entra en vigor hasta el próximo enero, la renovación de la Comisión Europea, debería hacerse según el Tratado vigente de Niza, que establece que el número de comisarios debe ser inferior al número de países. En esta situación “los malos alumnos”, es decir, los países que no hubieran ratificado son los que perderían su comisario. La situación es especialmente embarazosa para Irlanda a la que se ha garantizado su comisario si se aprueba el Tratado de Lisboa. El conflicto se suscita porque si hay que nombrar la nueva Comisión antes de que entre en vigor Lisboa, la promesa a Dublín sería difícil de cumplir de entrada.
Por otra parte, la votación de José Manuel Barroso como nuevo presidente de la Comisión se celebrará en septiembre según acordaron ayer los grupos socialistas, liberales y verdes. Sin embargo, Schulz advirtió ayer de que “todvía no tenía la mayoría del Parlamento”.
