El principal implicado en el caso de los “petroaudios”, el ex ministro aprista Rómulo León Alegría, abandonará en las próximas horas el penal para Reos Primarios, ex San Jorge, para cumplir arresto domiciliario.
Y es que su excarcelación se venía venir. La excesiva lentitud del titular del Tercer Juzgado Anticorrupción, Jorge Barreto Herrera, para avanzar en la investigación, ocasionó esta excarcelación que ayer se frustró por algunos trámites administrativos pendientes.
La resolución emitida por la Tercera Sala Penal Especial –integrada por Iván Sequeiros Vargas, Manuel Carranza Paniagua y Carlos Manrique Suárez– corona un sinfín de cuestionamientos vertidos en torno a la actuación del juez Barreto en este caso considerado “emblemático” por el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein.
Uno de los sustentos de la decisión asumida en mayoría por el tribunal anticorrupción es que se ha desestimado el peligro de que León Alegría intente fugar y eludir la acción de la justicia. Así, el tribunal ha obviado que el procesado permaneció en calidad de prófugo en la primera etapa del proceso penal.
Además, como lo precisa Sequeiros en su voto singular, su excarcelación contraviene lo dispuesto por el Código Procesal Penal.
“El procesado no está en ninguna de las condiciones que establece la norma, por lo que no hay justificación legal para imponer un mandato de comparecencia”, indica Sequeiros, quien ayer, en conferencia de prensa, reiteró su postura y añadió que “su comportamiento inicial en el proceso cuando huyó, pese a que dijo que se iba a presentar (a la justicia), me ha hecho dudar de que no haya posibilidad de fuga del señor”.
Asimismo, llama la atención que los vocales Carranza y Manrique hayan desestimado que el ex ministro de Pesquería del primer gobierno aprista pueda ahora entorpecer las investigaciones en curso. Sin embargo, ¿cómo se puede asegurar esto si el proceso no ha avanzado de forma sustancial y, además, la principal diligencia –la revisión del CPU de León Alegría– no se ha realizado?
Resulta preocupante que, ocho meses después de haberse iniciado el proceso penal, el juez recién esté convocando a los ex ministros implicados en el caso. Así, aunque ayer se esperaba la presencia de Hernán Garrido Lecca en la sede de los juzgados anticorrupción, desde Madrid el ex ministro de Salud negó haber recibido la citación judicial. El mismo caso se habría dado con Juan Valdivia, ex titular de Energía y Minas.
A pesar de que, ayer, Sequeiros intentó justificar las sospechosas excusas y demoras del juez Barreto para no revisar la computadora de León, señalando que “el Poder Judicial no tiene presupuesto para contratar a los peritos”, minutos después se quedó sin argumentos cuando los periodistas le recordaron que, meses atrás, el presidente del Poder Judicial ya había dispuesto que se le otorgaran todas las facilidades logísticas al magistrado para esa diligencia.